Cuando afirmamos que una cierta situación es problemática, usualmente lo hacemos desde la perspectiva que nos dan el marco de valores que hemos adoptado para guiar nuestras decisiones. Es decir, para alguien que considera que es indispensable mantener una gran superficie arbolada en la ciudad será un problema cualquier acción que implique derribar árboles, mientras que para alguien que prefiere comercializar cualquier superficie que tenga a la mano con el mayor rendimiento posible, la existencia de árboles en un terreno se convierte en un problema.
Finalmente decidir que algo debe mantenerse como está o modificarse es una cuestión de perspectiva, pero claro que hay situaciones en las que las decisiones que toma una persona pueden afectar a otras personas, y por eso es necesario contar con mecanismos para discutir qué se debe hacer en esos casos, que son los que se van incorporando a lo que conocemos como la agenda pública.
Definir qué es lo que forma parte de la agenda es un asunto que implica valores, como ya lo comenté, pero también es un asunto de poder. De hecho, una buena forma de medir el poder de un actor social es su capacidad para impedir que algún asunto entre a la agenda pública, y por lo tanto no haya discusiones en torno a ese asunto.
Precisamente, por ser cuestión de poder, por muchos años en México definir el contenido de la agenda pública fue un asunto que estuvo a cargo de la clase política, y en particular de quienes tomaban las decisiones dentro del partido político dominante, y sus aliados. Y como quien decide cuáles son los problemas, también tiene la posibilidad de definir por qué lo son, y cuál es la mejor manera de resolverlos, todo lo referente a la atención de los problemas públicos se traducía en una dinámica que concentraba el poder en la clase política.
Es justo reconocer que, para una parte de la población, esta situación era relativamente cómoda, puesto que les dejaba tiempo y recursos libres para sus asuntos particulares, y les ahorraba compromisos y la necesidad de negociar con otros actores.
Sin embargo, diversas circunstancias provocaron un cambio de actitud en la población jalisciense: los daños provocados por el temblor de 1985 en el sur de Jalisco, las explosiones del 22 de abril, el asesinato del Cardenal Posadas, solo por mencionar algunas, hicieron que muchas personas se dieran cuenta de que era ilusorio pensar que el gobierno nos cuidaba, y que podíamos encargarle la gestión de los problemas públicos.
Como fruto de esa toma de conciencia, podemos ver que cada vez es más fácil encontrar eventos que agrupan a organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, medios de comunicación y la academia, que se reúnen al margen de la clase política, y que comienzan a plantear sus agendas ciudadanas, para conseguir que sus necesidades e intereses sean tomadas en cuenta por el resto de la sociedad, y motivar a otros actores para que movilicen sus recursos para tratar de resolver las situaciones que consideran problemáticas.
Es claro que la atención que cada agenda recibe depende del poder que cada agrupación puede gestionar, debido a ello se ha procurado el intercambio de puntos de vista, para procurar la articulación de esfuerzos, y aumentar la probabilidad de que esos asuntos reciban una atención adecuada. De hecho, la clase política cada vez tiene más claro que no tiene el monopolio de la agenda pública, y va atendiendo las demandas ciudadanas.
En ese sentido vale la pena revisar lo que se hizo esta semana en torno a #NuestrasMiradas2018 (http://www.tomala.mx/2018/), #FiscalíaQueSirvaJalisco (https://goo.gl/7Fqoa4), 11compromisos contra la corrupción (http://coparmex.org.mx/11-compromisos-contra-la-corrupcion/), y #FiscalíaQueSirva (https://contralacorrupcion.mx/iniciativa-ciudadana-fiscalia-independiente).
Publicado originalmente en El Diario NTR Guadalajara, el 14/06/2018.
Reflexiones protagóricas 