El pasado martes 28 de noviembre de 2017, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, entregó al Gobernador, Aristóteles Sandoval, la valoración técnica de las 18 personas que aspiran al puesto de Fiscal Anticorrupción.
Al respecto, el Gobernador textualmente dijo: “Me comprometo con ustedes a que quien no venga en la recomendación que hace la opinión técnica fundada por el Comité de Participación Social no salga una persona alterna, ni vaya alguien más en la terna que proponga el Ejecutivo del Estado”.
Las palabras del Gobernador son muy relevantes, puesto que hubo cinco aspirantes que no solicitaron participar de los criterios de valoración del perfil aprobados por el CPS, por lo que no se tiene idea de cuáles son sus posibles conflictos de interés, ni su capacidad para atender los encargos propios de la Fiscal Anticorrupción, puesto que no se presentaron a resolver el caso práctico propuesto. De entrada, y ante la duda fundada sobre su idoneidad, José Guadalupe Javier Jiménez Chavira, Adrián Talamantes Lobato, José Dolores Ibarra Delgadillo, J. Guadalupe Vivas Alcaraz y Fernando de la Mora Arellano, no deberían formar parte de la terna que el Gobernador presentará al Congreso de Jalisco para que elija titular de dicha Fiscalía.
Si el Gobernador cumple con su palabra, y nuestros representantes en el Congreso hacen bien su trabajo de analizar los perfiles y elegir a quien tenga las mayores posibilidades de hacer un buen uso de las facultades de la Fiscalía Anticorrupción, podrán pasar a la historia como las personas que abrieron la puerta a una de las apuestas más importantes de las últimas décadas. Pero, si por el contrario, tratan de engañarnos, habremos de cobrarles caro electoralmente la afrenta. Lo mismo va para los demás puestos del Sistema Anticorrupción que están por designarse.
Ahora bien, nuestras autoridades tienen pendiente resolver otro asunto: reformar las leyes para que el Fiscal General del Estado sea autónomo e independiente, y tenga facultades para investigar y acusar hasta al Gobernador, si fuera necesario. Esto lo comento porque el Secretario General de Gobierno, Roberto López, anunció recientemente que se pretende emitir la convocatoria para elegir al Fiscal General, sin que se haya reformado la ley.
Esto es algo muy grave, porque el Fiscal General será el superior jerárquico del Fiscal Anticorrupción, y en el actual estado de cosas corremos el riesgo de que el Fiscal General despida al Fiscal Anticorrupción si está haciendo bien su trabajo, como ya ocurrió en la PGR, en la que se destituyó al titular de la Fiscalía para Delitos Electorales, por investigar el posible financiamiento ilegal de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Así que, necesitamos una Fiscalía Autónoma, y luego designar a su titular, si no ocurre así, será señal de que nos quieren engañar.
Por otra parte, se sabe que hay aspirantes que han amenazado con ampararse en contra del trabajo realizado por el CPS, en caso de que no les favorezca. Si bien todas las personas tenemos derecho de solicitar un amparo si consideramos que nuestro interés ha sido afectado indebidamente por una autoridad, me parece que quienes se consideren afectadas con motivo de una valoración imparcial, no tendrían ninguna legitimidad para solicitar el amparo, puesto que es claramente necesario determinar quiénes tienen mayores posibilidades de hacer buen uso de las facultades de la Fiscalía Anticorrupción.
Y de hecho resultaría sospechoso que alguien utilizara recursos legales para detener el proceso con el que se está echando a andar el Sistema Anticorrupción, solo porque no se le designó, pues ¿a quién beneficiaría detener la puesta en marcha de los mecanismos de control de la corrupción?
Columna publicada originalmente en El Diario NTR Guadalajara, el 30/11/2017.
Reflexiones protagóricas 